Con motivo del 11 de junio —el día de solidaridad internacional con los presos anarquistas de larga condena—, queremos ofrecer una visión de la represión que afronta el movimiento anarquista en Grecia y de las formas en que la gente le planta cara. Para ello, presentamos entrevistas con miembros de dos colectivos: la Asamblea de Solidaridad con Fugitivos Encarcelados y Combatientes Perseguidos y la Comunidad de Okupas de Koukaki.

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El empobrecimiento neoliberal de Grecia está pasando factura. Aquí, los descendientes de quienes colaboraron con los nazis vuelven a estar en el poder.

Viven ajenos a la realidad de las vidas que llevamos la mayoría en estas tierras precarias. Imitan las narrativas fascistas que operan en Estados Unidos, impulsando las mismas doctrinas de “vigilancia policial para mejorar la calidad de vida” y “ley y orden”, mientras disfrutan de la corrupción y los excesos a nuestra costa.

Esto está ocurriendo en todo el mundo y, en todas partes, la implacable represión judicial desempeña un papel fundamental.

Por ello, y en aras de nuestra integridad, es crucial que practiquemos la solidaridad, aprendiendo de las luchas de los demás y preservando nuestras comunidades y vínculos revolucionarios. Estas son victorias en sí mismas que podemos alcanzar, aunque no siempre nos dejen una sonrisa en el rostro.

La solidaridad no es solo un medio de supervivencia, sino un hilo que conecta a todas las personas del mundo que buscan la liberación en lugar de conformarse con una sociedad dictada por la dominación, la explotación y un implacable culto a la muerte.

¡La solidaridad es nuestra arma!
¡Solo nos tenemos los unos a los otros!

—Anarquistas

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Asamblea de Solidaridad con Fugitivos Encarcelados y Combatientes Perseguidos

Presenta el proyecto en el que participas.

Somos miembros de la “Asamblea de Solidaridad con Fugitivos Encarcelados y Combatientes Perseguidos”. Nuestro grupo es una asamblea anarquista, en el sentido de que funciona según los principios de autoorganización y sin jerarquías. También somos un grupo abierto y nos hemos reunido públicamente cada semana durante los últimos siete años.

Nuestro objetivo es brindar apoyo político a los compañeros que se encuentran en manos del Estado y visibilizar las diversas luchas que tienen lugar en los tribunales y las prisiones contra acusaciones falsas y abusos de los guardias, así como promover la solidaridad política en general.

Nos esforzamos por dar a conocer las reivindicaciones de quienes están en prisión y por mostrar los vínculos inherentes que estas tienen con las luchas que se desarrollan en otros ámbitos de la sociedad. También intentamos frenar los mecanismos represivos que el Estado utiliza contra el movimiento anarquista. Lo hacemos difundiendo textos políticos, folletos y carteles, pero también organizando acciones directas y manifestaciones.

En 2024, Kyriakos Ximitiris falleció a causa de un trágico accidente en Atenas. Este suceso también derivó en la detención de otras personas, que posteriormente fueron llevadas a juicio. El proceso ha pasado a conocerse en los medios locales y a nivel internacional como el “caso Ampelokipoi”; recientemente, algunos de los acusados ​​fueron absueltos y puestos en libertad, mientras que otros fueron condenados a largas penas de prisión. ¿Podrías explicar en qué consistió este caso, qué sucedió con la muerte de Kyriakos y qué ocurrió con las detenciones, el proceso judicial y los veredictos recientes que siguieron?

La Asamblea de Solidaridad fue una de las principales estructuras de apoyo involucradas en el “caso Ampelokipoi”; Kyriakos fue miembro de la asamblea hasta el momento de su muerte, mientras que Marianna Manoura y Dimitra Zarafeta siguen siéndolo a día de hoy desde la prisión.

En consecuencia, para nosotros era fundamental preservar la memoria de Kyriakos Ximitiris, mostrar solidaridad con todos los compañeros procesados ​​y construir un muro político de solidaridad general en torno a la lucha —incluida la lucha armada— y a las decisiones que algunos de nuestros compañeros tomaron y siguen tomando.

Kyriakos era un compañero y amigo entrañable. Participaba activamente en diversos ámbitos del movimiento. Manifestaba una solidaridad revolucionaria activa con los presos políticos, tomaba parte en movilizaciones antiimperialistas y propalestinas y militaba tanto en el movimiento contra la gentrificación de Exarchia como en el movimiento antifascista en general.

También había decidido participar en la lucha armada revolucionaria. Fue esta decisión la que condujo a su trágica muerte en un apartamento de Ampelokipoi (un barrio de Atenas), donde se produjo una explosión en circunstancias desconocidas. Dicha explosión hirió gravemente a su compañera de lucha y de vida, Marianna Manoura, y llevó a la unidad antiterrorista a inventar la existencia de un grupo terrorista inexistente, procediendo a la detención de Marianna Manoura, de su amiga y compañera Dimitra Zarafeta y de otros tres compañeros: Nikos Romanos, Dimitris y A.K.

La pérdida de Kyriakos y la posterior hospitalización y encarcelamiento de Marianna Manoura supusieron sucesos de gran gravedad para el movimiento anarquista, tanto en Grecia como en el extranjero. El movimiento anarquista de Atenas, profundamente dividido, se unió tras muchos años para llorar a nuestro compañero caído, Kyriakos, y para apoyar a Marianna Manoura, a Dimitra Zarafeta y a los otros tres detenidos en el caso.

El movimiento trató de afrontar tanto la compleja cuestión de la defensa política de la lucha armada revolucionaria como la intensificación crítica de la represión estatal. Queda pendiente un debate sobre qué se hizo bien y qué mal en todo este proceso; sin embargo, tal como demostraron las concentraciones diarias y masivas de solidaridad ante los tribunales, la muerte de Kyriakos y el caso de Ampelokipoi en general siguen siendo cuestiones que nos preocupan profundamente a todos.

Desde el principio, Marianna Manoura asumió la responsabilidad de ayudar a Kyriakos a encontrar un lugar donde manipular materiales explosivos destinados a la causa revolucionaria. Ella dejó claro que no existía ninguna organización terrorista y que las otras cuatro personas detenidas no tenían ninguna relación con el caso. Dimitra Zarafeta declaró que las acusaciones del Estado en su contra eran falsas y que estaba siendo perseguida políticamente —por ser anarquista, compañera de Kyriakos y Marianna Manoura, y por apoyar ideológicamente las decisiones y acciones de Kyriakos—. Dimitris, Nikos Romanos y A.K. declararon su inocencia y rechazaron cualquier vínculo con el caso.

La información que el Estado presentó como prueba era falsa o totalmente insuficiente, incluso según sus propios criterios. No había ninguna prueba que respaldara la existencia de una organización terrorista. El Estado presentó intercambios rutinarios de llaves de apartamentos y teléfonos entre amigos y compañeros —en relación con Dimitra Zarafeta y Dimitris— y alegó que se habían hallado huellas dactilares parciales de Nikos y A.K., entre muchas otras, en una bolsa de plástico que contenía un arma de fuego.

No obstante, todos los acusados ​​permanecieron detenidos durante 17 meses y, finalmente, Marianna Manoura y Dimitra Zarafeta fueron condenadas: Marianna Manoura a 19 años de prisión y Dimitra Zarafeta a 8 años. Las elevadas penas, especialmente en el caso de Marianna Manoura, se debieron principalmente a la aplicación de la legislación antiterrorista. Dimitris, Nikos Romanos y A.K. fueron declarados inocentes y puestos en libertad.

¿Cabe recurso de apelación? ¿Se cumplirán las penas en su totalidad?

Marianna Manoura y Dimitra Zarafeta han sido trasladadas recientemente a la prisión de mujeres de Thiva, dado que la cárcel de Korydallos —donde estuvieron recluidas durante la prisión preventiva— está destinada únicamente a personas que esperan juicio. Se trata de una novedad previsible pero negativa, ya que ahora se encuentran mucho más alejadas del movimiento, de sus familias y de sus amistades.

Ya se ha presentado un recurso de apelación, pero no se espera que el juicio de segunda instancia tenga lugar antes de uno o dos años. Dependiendo del desarrollo de este segundo juicio, podremos estimar con mayor precisión cuánto tiempo efectivo de cárcel deberán cumplir nuestras compañeras. Por lo general, se suele cumplir entre tres y cuatro quintas partes de la condena efectiva, aunque existen numerosos factores jurídicos que podrían influir tanto en la duración de la pena como en el porcentaje de la misma que deberán cumplir en prisión. El factor principal que dificulta estos cálculos es que, desde los últimos días de la administración de SYRIZA en 2019, los códigos penal y penitenciario han sido objeto de constantes modificaciones, lo que hace confuso determinar cómo afectará cada ley a cada caso concreto.

¿Por qué los medios griegos informaron de manera diferente sobre Nikos Romanos en comparación con los otros acusados ​​en este juicio?

No sabemos si hubo una intención o un plan claro por parte del Estado al respecto. El compañero Nikos Romanos es una figura importante no solo para el movimiento anarquista, sino también para amplios sectores de la izquierda griega. Su estrecha amistad con Alexis Grigoropoulos —cuyo asesinato a manos de un policía en 2008 desencadenó la mayor insurrección de la historia reciente de Grecia— y su huelga de hambre de 2014 lo convirtieron en un referente para el movimiento “progresista” en un sentido más amplio. Esto genera una presión social que el Estado toma en cuenta, para bien o para mal.

Otro aspecto que diferencia su situación es, a nuestro juicio, el hecho de que proclamó su inocencia, a diferencia de las posturas que Marianna Manoura y Dimitra Zarafeta expresaron ante el tribunal. Esto permitió que ciertos sectores de la izquierda —que hace tiempo perdieron la capacidad de defender cualquier opción o postura política considerada ilegal por el Estado— pudieran apoyarlo. Sumado a la falta de pruebas en su contra, esto obligó a algunos de los medios de tendencia más izquierdista a intentar ser algo más “objetivos” o considerados con su caso.

¿Tiene este caso implicaciones más amplias respecto al enfoque del Estado griego sobre la represión?

No consideramos que hubiera nada realmente nuevo en la forma en que el Estado griego gestionó este caso, teniendo en cuenta los últimos años de represión intensificada. Simplemente porque hubo una explosión y dos anarquistas se encontraban en el lugar de los hechos, el Estado griego concluyó que existía una “organización terrorista”. Una invención absoluta. Para inventarse al resto de los miembros de la supuesta “organización terrorista”, acusaron a compañeros cercanos de la persona fallecida o a individuos conocidos dentro del movimiento.

Este es un método habitual de la unidad antiterrorista griega; los tribunales siguen la misma línea y actúan según un patrón casi rutinario: el tribunal de primera instancia suele ser más severo y condena a algunos de los acusados ​​por terrorismo a penas largas —al menos para los estándares griegos—, mientras que los tribunales de segunda instancia ajustan las penas o dictan la absolución. Existen, por supuesto, excepciones notables.

Un aspecto de especial importancia en este caso son las penas extremadamente elevadas impuestas por el tribunal, sobre todo en el caso de Marianna. Esto fue consecuencia directa de que el tribunal condenara tanto a Marianna Manoura como a Dimitra Zarafeta por todos los cargos, incluido el relativo al “suministro de armas y explosivos a una organización terrorista”.

Se trata de una acusación que incluso la fiscalía reconoció que no podía probarse lógicamente en el caso de un miembro de esta supuesta “organización”. La fase ante el tribunal de segunda instancia supondrá una batalla jurídica y política crucial para lograr reducir las penas de nuestras compañeras.

¿En qué consiste la ley 187a? Hemos visto al Estado griego fabricar relatos y crear grupos ficticios, como ocurrió con el caso de los compañeros , que fue finalmente archivado tras cinco años de litigios. ¿Permite esta ley que el Estado ejerza una mayor represión sin contar con pruebas?

Ante todo, la esencia de esta ley es política. Es la herramienta que el Estado utiliza para reprimir al máximo el movimiento de lucha armada. Mediante el uso de tribunales especializados sin jurado, penas más severas y una lista cada vez mayor de delitos procesables bajo la ley 187a, el Estado busca sofocar y silenciar al “enemigo interno”.

Con este objetivo, la ley antiterrorista es deliberadamente imprecisa, lo que otorga tanto a la unidad antiterrorista como a los tribunales suficiente margen de maniobra para adaptarla a cada caso y fabricar pruebas según sea necesario.

La ley surgió directamente a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Cabe destacar que se aplicó por primera vez contra un presunto miembro de la organización revolucionaria N17 (17 de Noviembre). Desde entonces, el Estado griego la revisa y amplía continuamente para ajustarla a las normas europeas en materia antiterrorista, al igual que ocurre con la ley 129b en Alemania.

Aunque comenzó como una ley dirigida a quienes participan en la lucha revolucionaria armada, en los últimos años se utiliza cada vez más para atacar una amplia gama de prácticas.

¿Se posponen muchos de estos casos, o se inventan cargos para drenar el movimiento de recursos y tiempo o utilizar el trauma y la prisión preventiva como medio de castigo sin condena?

En primer lugar, el aplazamiento de casos ha sido una realidad en Grecia desde que tenemos uso de razón. Muchas veces, los acusados ​​eligen esto, de modo que el juicio se lleve a cabo mucho después del evento en cuestión, con el fin de dificultar que el Estado utilice el juicio como represalia.

Otras veces, los juicios se posponen porque la fiscalía no desea que se lleven a cabo. En general, los tribunales están sobrecargados de casos, y aunque el partido gobernante Nueva Democracia (ND) ha tomado medidas para obligar a los tribunales a cerrar los casos más rápidamente (a expensas, por supuesto, de lo que el Estado llama “debido proceso” y los “derechos” de los acusados), esto no siempre es factible para los jueces.

Sin embargo, es indudable que el Estado utiliza una serie de otras herramientas para hacerle la vida difícil a los acusados, siendo la detención preventiva, las condiciones restrictivas previas al juicio y las fianzas judiciales las más destacadas. Y también es cierto que desde que ND volvió al poder, estos se están volviendo más estrictos y se utilizan con más frecuencia.

En cuanto a los casos fabricados, esta estrategia se ha utilizado para atacar a personas de interés para las autoridades; la implicación de Nikos Romanos en el juicio de Ampelokipoi es un claro ejemplo de ello. No podemos afirmar si esto indica un plan más amplio para agotar los recursos del movimiento; ciertamente existen opiniones divergentes sobre el grado de organización del Estado y la policía, así como sobre su interés en llevar a cabo operaciones a largo plazo contra el movimiento anarquista. No obstante, lo que sí es seguro es que las consecuencias legales tanto del activismo político como de la delincuencia menor se endurecen día a día, debido a las nuevas leyes represivas aprobadas por Nueva Democracia (ND) —más alineadas con los estándares europeos— y al lema de “tolerancia cero contra el crimen” que llevó al partido al poder.

Tenemos compañeros acusados ​​de formar una organización criminal por lanzar pintura contra edificios gubernamentales y personas obligadas a presentarse varias veces al mes en comisaría tras haber sido detenidas en manifestaciones; al mismo tiempo, la población reclusa ha alcanzado un punto crítico debido a delitos menores como hurtos y pequeñas deudas en el seno de la sociedad griega.

Dos compañeros están en huelga de hambre para defender Prosfygika, un gran complejo ocupado en el centro de Atenas. ¿Podrías explicar en qué consisten estas huelgas de hambre? Por lo general, hemos considerado las huelgas de hambre como un último recurso. ¿Son estas huelgas un síntoma de una situación crítica y de una represión creciente?

No somos la asamblea adecuada para debatir esta cuestión, ya que existen asambleas abiertas dedicadas a detener el desalojo de la comunidad de Prosfygika. Por nuestra parte, consideramos el movimiento de ocupación como una parte integral del movimiento anarquista y antiautoritario; es por ello que el Estado se ha obsesionado con destruirlo con una intensidad cada vez mayor durante la última década.

Aristos y Souzon, los dos huelguistas de hambre que actúan para resistir la demolición y el desarrollo urbanístico del complejo ocupado de Prosfygika, lo saben mejor que nadie. Por eso ponen en juego sus vidas y sus cuerpos: para demostrar, desde cualquier perspectiva, que hablan en serio sobre lo que dicen y lo que creen, y para evidenciar lo que la comunidad significa para ellos. Como asamblea, apoyamos la lucha por defender Prosfygika y nos solidarizamos con nuestros compañeros.

¿Han aumentado la vigilancia y la represión en los últimos años? ¿Ha reajustado el Estado sus prioridades? ¿Influyó el confinamiento por la COVID-19 en esto, o es simplemente un reflejo de los tiempos que corren?

Como ya hemos dicho, la represión ha aumentado rápidamente durante la última década, equiparándose a los estándares europeos. Las cámaras, los drones y la policía están por todas partes, y constantemente surgen nuevas unidades policiales —para el transporte público, los tribunales, las universidades, la inmigración, entre otros ámbitos—. También se castigan con dureza tanto la delincuencia menor como el activismo político, y el alcance de las leyes antiterroristas se amplía con cada nueva normativa. Por no hablar de las capacidades represivas adicionales que podría aportar el auge de la inteligencia artificial en un futuro muy próximo.

El COVID-19 es una de las grandes cuestiones que dividió a nuestro movimiento. A pesar de las diferentes perspectivas sobre cómo se percibió todo este asunto —en las que no podemos entrar aquí—, es evidente que el confinamiento fue, como mínimo, una oportunidad perfecta para que el Estado tomara el control total del espacio público y acostumbrara a la sociedad en general a una represión a gran escala. Supuestamente, la seguridad de la población se ha convertido en la prioridad absoluta, y la policía aparece, de una forma u otra, como la respuesta a cualquier interrogante.

El discurso surgido durante el periodo del COVID, potenciado por el gobierno de Nueva Democracia (ND) —de extrema derecha y agresivamente neoliberal—, busca superar la profunda desconfianza histórica con la que la sociedad griega contempla al Estado. Al mismo tiempo, la frecuencia de los escándalos económicos y jurídicos ha alcanzado niveles extremos. El Estado se presenta como el único baluarte frente al caos, demonizando a cualquiera que disienta o que “represente una amenaza para la sociedad”. En esta nueva era bélica en la que hemos entrado, estos mismos argumentos se utilizan cada vez más para justificar la modernización del equipamiento militar y la participación directa del Estado griego en las matanzas y bombardeos perpetrados por la OTAN e Israel en Palestina, el Líbano e Irán.

Las redadas policiales en domicilios por delitos menores parecen aparecer con frecuencia en las noticias. ¿Están ocurriendo con mayor frecuencia en Grecia? ¿Cómo debemos interpretar esto?

Las redadas domiciliarias siempre han sido una herramienta en manos del Estado, y por buenas razones. La presión y el miedo que infligen a las personas cuya privacidad es vulnerada, junto con cualquier prueba circunstancial e información de inteligencia que puedan recopilar en el interior de nuestros hogares, resultan obviamente beneficiosos para la policía. También ejercen presión económica sobre el movimiento, ya que, en la mayoría de estas redadas, la policía se incauta de nuestros dispositivos electrónicos. Cabe debatir, no obstante, hasta qué punto están bien planificadas o meditadas estas operaciones, especialmente cuando no son organizadas por la unidad antiterrorista.

Sin embargo, conviene mencionar algunos acontecimientos recientes que, de normalizarse, tendrán sin duda un grave impacto en el movimiento. Por un lado, tenemos a siete compañeros sospechosos de “formar una organización criminal dedicada a destruir bienes públicos” debido a la pintura arrojada hace ya muchos meses contra un edificio gubernamental en Kipseli, un barrio de Atenas. Por lo general, cuando alguien es sospechoso, la policía le cita en la Jefatura General de Policía de Atenas para prestar declaración, bajo la amenaza de que, si no acude, se le imputarán cargos; suele tratarse de una amenaza vacía. En esta ocasión, sin embargo, la policía decidió irrumpir en los domicilios de nuestros compañeros, en algunos casos por la fuerza.

En otro caso, tres compañeros están acusados ​​de atacar un edificio judicial con martillos y pintura. De nuevo, a pesar de haberse recopilado pruebas en el lugar de los hechos que —según los criterios policiales— habrían bastado para ir a juicio, la policía optó por realizar redadas en sus domicilios.

¿Qué cree que hay detrás de la decisión del Estado griego de destinar tantos recursos a la represión, incluidas las iniciativas para ampliar el ejército y endurecer las leyes sobre el servicio militar obligatorio? ¿Se trata de una tendencia más amplia en el seno de la Unión Europea?

Usted responde a la pregunta señalando que estos son problemas que afectan a las sociedades modernas de todo el mundo. La guerra está presente en todas partes, más cerca de nosotros (como europeos) que nunca desde la Segunda Guerra Mundial, y parece que continuará. Toda Europa se está rearmando, como nos informa el programa.

En Grecia, esta situación es constante debido a la creciente tensión entre Grecia y Turquía en las fronteras orientales y el mar Egeo. Así es como Grecia se ha convertido en uno de los países que más contribuye económicamente a la OTAN. [Grecia es uno de los países que más gasta en defensa en la OTAN, destinando sistemáticamente alrededor del 3,1% de su PIB a defensa, una de las cifras más altas de la alianza.] El objetivo del Estado griego, y de cualquier Estado, es construir una sociedad que crea en él y esté dispuesta a luchar por la nación y sus líderes. Quizás esto también explique la represión dirigida contra muchos sectores del movimiento en Grecia.

Es evidente que Grecia sigue sumida en una crisis económica (aunque el gobierno finja lo contrario), por lo que la gran cantidad de dinero que se gasta en el ejército y la policía no se destina a otras necesidades sociales que no interesan tanto a quienes ostentan el poder. Por ejemplo, tenemos hospitales y universidades con falta de personal, carencias básicas y, en muchos casos, cierres; la infraestructura del transporte público se está deteriorando, lo que provoca cada vez más accidentes, siendo el más grave en los últimos tiempos el del tren de Tempi.

También existe un grave problema con el coste de la vivienda, así como con el de los productos y necesidades básicas. La vida en Grecia es difícil y seguirá siéndolo a menos que nos unamos para luchar contra esta situación.

Han pasado siete años desde que Nueva Democracia abolió la política de asilo universitario que surgió tras la caída de la Junta en la década de 1970. ¿Cómo ha afectado esto al movimiento anarquista y a los colectivos radicales en general en Grecia?

Una vez más, se trata de un tema sobre el que existen opiniones políticas diversas. Por un lado, es cierto que ahora resulta más fácil para la policía acceder a los recintos universitarios para buscar a personas tras los enfrentamientos en una manifestación o para desalojar una ocupación universitaria llevada a cabo por estudiantes o grupos políticos. Sin embargo, existe el argumento de que esta es una cuestión más amplia, que simplemente se ve agravada por el fin de la política de asilo.

Desde que el gobierno derechista de Nueva Democracia llegó al poder en 2019, el Estado ha emprendido una ofensiva contra el movimiento y sus símbolos; una ofensiva que trasciende con creces al movimiento anarquista. Los restos de la izquierda han demostrado ser totalmente incapaces de defender el terreno político y simbólico que conquistaron tras la caída de la Junta en 1974. Para poner las cosas en perspectiva, los anarquistas siempre lanzaron cócteles molotov desde el interior de las universidades, y la policía siempre tuvo el derecho legal de entrar en ellas cuando esto ocurría, incluso cuando la política de asilo estaba vigente.

Podría argumentarse que el factor principal que impedía a la policía entrar en las universidades no era una idea errónea de la opinión pública sobre una determinada legislación (que, obviamente, jamás habría amparado el lanzamiento de cócteles molotov contra empleados públicos), sino más bien el sólido y amplio respaldo político e ideológico a los enfrentamientos con las fuerzas del orden; respaldo que encontraba su representación y símbolo en el concepto de asilo universitario. Es precisamente ese apoyo lo que el gobierno de Nueva Democracia ha logrado poner en entredicho.

Independientemente del enfoque con que se analice esta cuestión, la situación ha generado un grave problema para los movimientos anarquistas y estudiantiles. Además de arrebatar a los estudiantes una poderosa herramienta política —las ocupaciones universitarias—, esto ha facilitado que la policía aplique medidas represivas en el interior de los campus, valiéndose de las cámaras, las barreras y los servicios de seguridad privada ya existentes. Actualmente, avanzan las deliberaciones sobre la creación de un cuerpo policial específico para las universidades, a pesar de que el primer intento de implementarlo fracasó.

Esto también afecta al movimiento anarquista, que utiliza las universidades para celebrar asambleas y diversos tipos de actos políticos, como eventos de recaudación de fondos para compañeros perseguidos y para diversas causas políticas.

El año pasado, la administración Trump incluyó a varios grupos revolucionarios —supuestamente radicados en la Unión Europea— en sus listas de vigilancia antiterrorista, equiparando a antifascistas y anarquistas con grupos fundamentalistas como el Estado Islámico. Dos de estos supuestos grupos tendrían su origen en Grecia. ¿Ha tenido esto alguna repercusión en Grecia?

Estas medidas no han tenido un impacto apreciable aquí en Grecia hasta la fecha. Por supuesto, Estados Unidos siempre ha ofrecido al Estado griego un modelo de represión, pero, por ahora, solo los grupos de extrema derecha recurren a estas comparaciones.

¿Hay algún otro caso que quisiera mencionar?

Existen varios casos que afectan a muchos compañeros, relacionados con la defensa de edificios ocupados, acciones de solidaridad con compañeros encarcelados y enfrentamientos con la policía en manifestaciones o en el barrio de Exarchia. Aquí seleccionamos, casi al azar, algunos casos que tienen —o podrían tener— un impacto grave para los compañeros implicados.

El caso importante más reciente conlleva ocho detenciones ocurridas el 11 de mayo de 2026; los detenidos están acusados ​​de diversos robos. El proceso sigue abierto, por lo que los cargos —y tal vez la lista de acusados— aún no son definitivos. Seis de los ocho compañeros se encuentran en prisión preventiva en distintos centros penitenciarios de Grecia, mientras que dos fueron puestos en libertad bajo medidas restrictivas.

También está el caso de los compañeros Yannis Karatsolis y Sofoklis Toutziarakis. El Estado los acusó de formar una organización criminal junto con otras cinco personas para cometer robos. Aunque la acusación de organización criminal no prosperó en el juicio —ya que los otros acusados ​​fueron absueltos—, Yannis Karatsolis y Sofoklis Toutziarakis recibieron penas desmesuradas: 21 y 23 años, respectivamente. El objetivo ahora es presionar al tribunal de segunda instancia para que reduzca estas condenas de carácter vindicativo cuando examine el caso en octubre.

Por último, están las detenciones derivadas de la primera gran manifestación en respuesta al asesinato masivo de inmigrantes por parte del Estado, cuando la guardia costera griega hundió una embarcación que transportaba a más de 500 inmigrantes cerca de la localidad de Pilos. El juicio estaba previsto para mayo, pero se pospuso hasta la primavera de 2027.

¿Cómo pueden las personas fuera de Grecia expresar su solidaridad internacional?

Cualquier acción, intervención, texto, cartel o publicación puede hacer que la gente de aquí sienta esa solidaridad. La continuidad de la lucha política en cualquier lugar resulta inspiradora para todos. Y, por supuesto, aunque el Estado griego no sea una gran potencia, existen objetivos de interés económico o político relacionados en muchos países; atacar estos objetivos es una forma tradicional de mostrar solidaridad internacional en este movimiento.

Para el apoyo económico, el fondo principal es Tameio, que proporciona ayuda financiera mensual a los presos políticos. Con el paso de los años, se ha convertido en una de las estructuras más importantes del movimiento anarquista en Grecia. Además, existen numerosos fondos especializados para casos concretos, destinados generalmente a cubrir los gastos legales de los compañeros detenidos. Estos fondos pueden encontrarse en sitios web como Athens Indymedia y Firefund.

Una campaña activa en Firefund está relacionada con el juicio de apelación por un acto de solidaridad llevado a cabo durante la última huelga de hambre de nuestro compañero anarquista G. Michailidis.

Por último, lamentablemente no existen muchas buenas opciones de contrainformación para mantenerse al tanto de lo que sucede en Grecia. El sitio web principal que utiliza el movimiento anarquista para difundir sus posturas y acciones es Athens Indymedia; está en griego y no ofrece oficialmente traducciones a otros idiomas, aunque es posible navegar por él utilizando un navegador que facilite la traducción. Probablemente, la mejor manera de mantenerse informado sea establecer contacto directo con las asambleas y los compañeros que participan en el movimiento.

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Apéndice: Acusados ​​de la comunidad ocupada de Koukaki

Además, hablamos con uno de los acusados ​​de la “comunidad ocupada de Koukaki” sobre su situación.

Casi al mismo tiempo que concluía el caso de Ampelokipoi, miembros de la “comunidad ocupada de Koukaki” también se enfrentaban a un juicio; sin embargo, este fue aplazado. ¿Podrías explicar el caso y sus implicaciones para el movimiento anarquista en general?

Nuestro proyecto consistía en tres casas ocupadas anarquistas que funcionaban como una comunidad revolucionaria en el barrio de Koukaki, en Atenas. Estos espacios recuperados facilitaron la celebración de numerosas asambleas, diversas iniciativas organizativas vinculadas al movimiento anarquista en general y proyectos locales de apoyo mutuo. Nuestra comunidad también ofrecía alojamiento a miembros de la asamblea de la okupación y a compañeros, así como a personas sin hogar, refugiados, migrantes en situación precaria, personas trans rechazadas por sus comunidades y a aquellos considerados “excluidos” por la sociedad capitalista.

Las casas funcionaban como una especie de comunidad intencional, eliminando la necesidad de trabajar para pagar un alquiler, lo que nos permitía dedicar todos nuestros esfuerzos a la resistencia y a la organización. Esto reunió a un grupo de personas revolucionarias comprometidas con el rechazo a la propiedad y convencidas de que disponer de “vivienda gratuita” mediante espacios liberados nos permitiría impulsar la lucha por la liberación.

Lamentablemente, un compañero falleció en 2018 mientras colgaba una pancarta en solidaridad con el preso político Marios Seisidis. Su muerte fue consecuencia del compromiso compartido que definía a muchas de las personas involucradas en las okupaciones de Koukaki. Aunque todos seguimos enfrentándonos a procesos judiciales y a la interminable burocracia y oportunismo del Estado, quiero recordar a nuestro compañero fallecido, Dimitris —un compañero increíble y apasionado—, para reconocer que su lucha perdura hoy en nuestros compromisos y acciones.

El Estado griego desalojó violentamente los espacios ocupados en una operación coordinada. Uno de los tres espacios, “Panaitoliou”, fue reocupado en dos ocasiones, y “Matrozou” fue reocupado tres veces.

Tres compañeros y yo hemos sido condenados por la defensa del espacio ocupado Panaitoliou, aunque es probable que no tengamos que cumplir pena de cárcel. Seguimos teniendo obligaciones judiciales pendientes, y el estrés constante de desconocer nuestro destino hace mella en nosotros. Al mismo tiempo, dado que la defensa final del espacio ocupado Matrozou requirió un esfuerzo mayor, varios compañeros siguen siendo juzgados por cargos menores que, potencialmente, podrían sumar años de prisión si el Estado logra su objetivo.

Esta escalada represiva es consecuencia de nuestros esfuerzos por defender nuestra comunidad revolucionaria, al tiempo que buscábamos —mediante nuestras acciones— inspirar al movimiento anarquista en su conjunto en un momento en que el Estado intentaba destruir todos los espacios ocupados. El Estado quiere dar un escarmiento con nosotros para desalentar la defensa militante de los espacios ocupados. Intentan quebrantar nuestra voluntad. Nos arrastran por los tribunales con cargos por formas de resistencia menos extremas que aquellas que conllevaron penas de prisión antes de la campaña de intensificación contra las ocupaciones, iniciada por el gobierno de Nueva Democracia al llegar al poder en 2019.

Cinco compañeros juzgados por defender militantemente el espacio ocupado de Matrozou fueron condenados por dos delitos menores cada uno y sentenciados inicialmente a 77 meses de prisión. Sin embargo, la pena quedó en suspenso y el encarcelamiento dependerá del resultado del recurso de apelación en curso. La fiscalía exige que los acusados ​​cumplan la condena completa. Enfrentarse a una pena de esta magnitud por dos delitos menores no tiene precedentes legales en Grecia. La realidad es que, por lo general, estos delitos menores no conllevarían penas de prisión. No obstante, dado que el caso está vinculado a la defensa de un espacio ocupado, se pretende dar un escarmiento con estos compañeros para demostrar que lo que la fiscalía busca reprimir no es la acción en sí, sino las motivaciones y los anhelos revolucionarios que la impulsan, criminalizando así sus objetivos e ideas.

En vísperas del juicio más reciente, se celebraron numerosas manifestaciones en toda Grecia en apoyo a los acusados ​​de Matrozou. Sin embargo, la vista de apelación se aplazó hasta el 9 de noviembre. Este es el segundo aplazamiento de la segunda fase del proceso de apelación.

El aplazamiento del juicio no solo sirve para desgastar a los acusados, sino que también busca que se disipe la ola de solidaridad previa al proceso. El Estado pretende aislar a los acusados ​​—esperando a que decaigan la solidaridad y la atención pública— para luego procesarlos con el máximo rigor posible. Aguardan un momento en que el movimiento esté más calmado, la represión haya desaparecido de los titulares y la gente esté desbordada respondiendo a otras formas de represión.

El impulso previo al juicio fue considerable, y este tipo de organización solidaria conlleva un gran esfuerzo. Su objetivo es obligar continuamente a los acusados ​​y al movimiento que los apoya a adoptar una postura defensiva frente a la represión, en lugar de dedicarse a una organización revolucionaria de carácter ofensivo, con el fin de agotar nuestros recursos y consumir nuestra energía.

Los dos delitos menores están relacionados con el lanzamiento de pintura contra agentes de policía —lo que dañó sus uniformes— y con la supuesta causación de lesiones corporales a dichos agentes. Sin embargo, la policía ni siquiera se presentó al primer juicio, celebrado en diciembre de 2025; motivo por el cual este fue aplazado. Todos los acusados ​​del caso Matrozou enfrentan los mismos cargos, tras haber sido denunciados por ocho agentes.

Este caso es de interés político para el régimen de Nueva Democracia. La fiscal original es miembro de Nueva Democracia y trabaja en el bufete de abogados de Plevris; además, se postuló sin éxito al parlamento como aspirante a política de dicho partido. Tras el juicio inicial, no pudo continuar en el tribunal de apelación por motivos burocráticos. Sin embargo, sigue acompañando a los policías que comparecen como testigos y guiándolos sobre qué decir, todo ello de forma gratuita y sin ocupar un cargo legal formal. También defendió a los agentes acusados ​​de negligencia por no hacer nada para evitar el asesinato del activista queer Zackie Oh. Incluso apareció en televisión, en un programa matutino de gran audiencia nacional, afirmando que los acusados ​​habían ido directamente del tribunal a prisión, a pesar de que la apelación impedía, de hecho, el encarcelamiento. Una vez más, el objetivo de este caso es sentar un precedente.

Sin embargo, los corazones y la integridad revolucionaria de los acusados ​​permanecen intactos. Aunque perdimos nuestra vivienda hace años, nuestra comunidad perdura en nuestros vínculos revolucionarios y en el apoyo mutuo y comprometido con el que superamos la represión.